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Lunes, 04 Marzo 2019 22:44

Se esfuman las acusaciones contra Rodrigo Medina

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Redacción/ La Otra Plana.com

De las acusaciones que fueron presentadas en 2016 contra Rodrigo Medina de la Cruz, exgobernador de Nuevo León, ya no queda prácticamente nada.

Cuando fue presentada la estrepitosa Operación Tornado para dar a conocer un desfalco por más de 3 mil millones de pesos a las arcas estatales, se aseguró que el priista tenía unos 20 expedientes abiertos, por los que podía ser enjuiciado. Si tan solo en uno fuera encontrado culpable sería condenado a 12 años de prisión, se dijo entonces.

Sin embargo, más de dos años después, todas las acusaciones se han desvanecido. Existen actualmente dos instancias encargadas de perseguirlo, la Fiscalía Anticorrupción, y la unidad de transición de la antigua subprocuraduría de la materia, que se encarga de desahogar los casos que inició Tornado. Pero las dos, confrontadas, difieren en los criterios que deben ser seguidos para imputarlo.

Como saldo de aquel proyecto de combate a la deshonestidad, emprendido escandalosamente por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quedó el paso de Rodrigo Medina por prisión, aunque no estuvo ahí ni un día completo.

Ernesto Canales, quien formó la primera unidad anticorrupción creada en el país, al iniciar el sexenio de El Bronco, consiguió que Medina de la Cruz fuera vinculado, pero los amparos han derruido sus esfuerzos.

Señala, en entrevista, que todas las acusaciones fueron bien fundamentadas, y que la recién creada figura de Fiscal Anticorrupción (FA), que tenía una inspiración independiente, está al servicio del PRI y del PAN, lo que impide construir procesos imparciales.

Por su parte, Javier Garza y Garza, quien se encarga ahora de la Fiscalía en la materia en el estado, señala que la integración de algunos expedientes que hizo Canales Santos estuvo equivocada, por lo que tuvieron que reestructurarlos todos, incluso los que había contra el anterior mandatario. Por eso, dice, no existe actualmente ninguna vinculación firme contra él.

Ahora, lo que Canales espera es que la Fiscalía de Garza aclare la participación de Natividad González Parás, padrino político de Medina y su antecesor en el Gobierno, en el financiamiento irregular para construir la llamada Torre Administrativa, un edificio enorme que fue pagado con precios inflados.

En esta indagatoria, Canales dice que la empresa que erigió el edificio está ligada a la transnacional brasileña Odebrecht, a la que se le relaciona con millonarios sobornos entregados en México y otros países.

Imputaciones inútiles

La historia sobre la Operación Tornado es bastante conocida en Nuevo León: con el bono de credibilidad aún vigente, El Bronco sorprendió al país con un macrooperativo criminal, con el que armó un maxiproceso en contra de Medina, que gobernó entre el 2009 y 2015. La acusación señalaba que desde el escritorio del gobernador se creó un plan para sangrar las arcas. Las pérdidas eran de miles de millones de pesos. Junto a Medina más de una decena de funcionarios de su administración fueron imputados.

Aldo Fasci, entonces asesor de seguridad del mandatario y actual secretario de Seguridad Pública del Estado, dijo en ese 3 de junio del 2016 que irían, también, tras el padre del mandatario, Humberto Medina Ainslie, así como empresarios que lo ayudaron a drenar el erario.

Rodrigo Medina se la estaba pasando mal. El ánimo popular demandaba que la justicia lo alcanzara. Comenzó a acudir a audiencias al Palacio de Justicia de Nuevo León. Se presentaba amparado, junto a sus abogados. Hasta que en una prolongada audiencia, luego de ser vinculado por peculado y daño al erario, la madrugada del 26 de enero fue conducido al interior del Penal del Topo Chico, donde permaneció 18 horas.

Su defensa tramitó un amparo y salió. Alegó que había sido puesto en prisión injustamente. Lo que se supone, ahora, es que el encarcelamiento era parte de la estrategia de El Bronco para elevar su popularidad y ayudarse en su búsqueda por la candidatura presidencial rumbo al 2018.

Desde que dejó la gubernatura, Medina vive en la Ciudad de México. Aunque no se la han comprobado delitos, para el pueblo de Nuevo León quedó como un ratero.

Luego del teatro que se montó para tomarle la foto con uniforme de presidiario, fueron infructuosos los esfuerzos posteriores de la subprocuraduría Anticorrupción, que conduce Ernesto Canales, para enjuiciarlo.

Los movimientos políticos ayudaron al perseguido exmandatario y afectaron los esfuerzos por echarle el guante. El Congreso de Nuevo León convenció a organismos civiles de dar “autonomía” a la Fiscalía Anticorrupción. Eso hizo que se creara el Sistema Estatal Anticorrupción, con el que se le quitó al gobernador el poder de elegir a los Fiscales General, Electoral y Anticorrupción.

Javier Garza y Garza, nuevo FA, había sido magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral en tiempos de Natividad González y Medina. Su hermano Alejandro fue procurador de Justicia en tiempos de Rodrigo Medina. Fue nombrado Fiscal General Gustavo Guerrero, quien había sido presidente del Tribunal Superior de Justicia, también en el periodo medinista.

A Canales se le dio un encargo para preparar su despedida. Se le dio un plazo de un año, como encargado de la unidad de transición de la ya desaparecida Subprocuraduría Anticorrupción, para que desahogara unos 20 expedientes que tenía pendientes relacionados con Rodrigo Medina y sus colaboradores, algunos de los cuales ya han sido absueltos, aunque otros se encuentran amparados. Sus funciones han sido drásticamente acotadas.

En entrevista, quien es el primer fiscal Anticorrupción en la historia reciente de México, señala que con Garza y Garza se perfila una declaratoria completa de inocencia hacia el exgobernador.

“Al nuevo Fiscal Anticorrupción no le hemos visto resultados. Se la pasa diciendo que las investigaciones no estuvieron completas sin decir cómo se pudieran completar y no ha llevado nuevos asuntos de investigación, hasta donde yo conozco. Entró en un largo letargo esta actividad Anticorrupción”, dice, en tono de derrota.

Rodrigo Medina fue imputado y vinculado por tres casos relacionados con la entrega ilegal de estímulos fiscales a la empresa KIA Motors, instalada en el municipio rural de Pesquería, por más de tres mil millones de pesos. Hubo otro proceso por el uso indebido del helicóptero del estado que, según la acusación, fue usado por Medina para pasear en su rancho en Terán.

Pero mientras se desahogaban pruebas, Canales dijo públicamente que había otros 20 expedientes que involucraban al priista. Sobre ellos prefiere no hablar, pues dice que ya le corresponde a la nueva instancia darles seguimiento. Sin embargo, en el pasado dijo que entre ellos estaban los de un endeudamiento ilegal del organismo de seguridad social de los burócratas denominado Isssteleón, además de desvíos en el sistema estatal de Caminos.

También se inició una investigación por el contrato que tenía la Secretaría de Educación del Estado con TV Azteca, para patrocinar becas en una universidad de la televisora. La investigación reveló que se cobraron cursos que no fueron impartidos. En todo estaba metido Medina, según Canales.

Aunque él seguirá con los cuatro procesos que ya están judicializados, señala que el priista tiene prácticamente abierta la puerta hacia la impunidad.

“Sí, claro (puede resultar impune). Pero de parte mía y de la oficina de transición seguiremos en estos cuatro procesos hasta sus últimas consecuencias. En esos delitos, Rodrigo no tiene abierta a la impunidad. Pero es válido decir que puede estar más tranquilo si el Fiscal Anticorrupción continúa con ese comportamiento de letargo”.

Con la nueva Fiscalía ya no hubo continuidad en las indagatorias, lamenta Canales.

“Todo eso quedó en nada. Hay cuatro casos judicializados. En uno no procedió, pero combatimos esa sentencia, que sigue en litigio. En suma, los cuatro siguen bajo el Poder Judicial, pero no ha habido ninguna otra consignación, de parte de la actual Fiscalía Anticorrupción, respecto a las otras 20 investigaciones que dejamos y que corresponde a ellos”, dice.

Entre los pendientes está investigar la que liga entre el Gobierno de Nuevo León con Odebrecht, a través de una obra que fue licitada en tiempos del tricolor José Natividad González Parás, que gobernó la entidad en el sexenio 2003-2009.

“Dejamos esa carpeta avanzada”, dice y confirma que en ella están involucrados tanto González como Medina. Sin embargo, es reacio a tocar el tema relacionado con esta investigación.

Lo que hasta ahora la unidad investigadora a su cargo ha encontrado es una licitación irregular efectuada en el 2007 para la construcción de la Torre Administrativa, conjunto de oficinas de Gobierno, ubicada en terrenos del Parque Fundidora. La firma que la edificó fue Andrade Gutiérrez, subsidiaria de Odebrecht, involucrada en una indagatoria internacional de sobornos.

En entrevista que dio a Apro, en agosto del 2017, declaró: “Estamos en la etapa de investigación. Desde el primer día fue una de las denuncias que presentamos. La Torre Administrativa tuvo dos etapas, una de construcción y la de equipamiento. Tan importante una como la otra. La primera fue en el sexenio de Natividad González y la segunda, ya con Rodrigo Medina”.

En ese entonces dijo que era posible llamar a declarar a González Parás, con lo que, por lo menos se aclararía si no hubo también aquí sobornos como los que ha reportado Odebrecht a nivel mundial.

Al ser inaugurada a obra en el 2012 se dijo que costaría 2 mil 600 millones de pesos, pagaderos a 24 años. Organismos privados denunciaron que, en realidad la obra debió costar mil 100 millones, casi la mitad de lo que se le entregará a la firma sudamericana.

Canales Santos dice que, en suma, lleva 20 expedientes pero el poder judicial del Estado opera para que sus investigaciones fracasen. Como muestra señala que las audiencias se posponen y se aceptan criterios irracionales para abstenerse a proceder, lo que provoca que desaparezca el esfuerzo de combate a la deshonestidad de los funcionarios que inició con su subprocuraduría.

En marzo, el fiscal general Guerrero Gutiérrez, a quien ha criticado permanentemente, por formar parte del grupo que se apropió del poder judicial para beneficio del PRI y el PAN en la entidad, evaluará si finaliza el trabajo de la subprocuraduría que encabeza Canales o si continúa en funciones.

Concluye el subprocurador de transición: “Es una pena que el esfuerzo que se inició no se continúe. PRI y PAN, a través del Congreso del Estado, tomaron las funciones Anticorrupción para detener el esfuerzo que llevaba nuestra fiscalía. Es frustrante”.

A nivel nacional, aplaude la designación como fiscal General de la República de Alejandro Gertz Manero quien, asegura, ha demostrado un interés genuino por combatir los desvíos en el ejercicio del servicio público.

Fuente: Proceso.

 

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