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Lunes, 11 Octubre 2021 09:53

Capitales

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La oligarquía de CFE en el sistema eléctrico del País

Francisco Treviño Aguirre

La iniciativa de reforma a la ley eléctrica que presentó el presidente López Obrador a principios de este año pretendía acabar con el despacho de energía como se lleva a cabo actualmente y favorecer a las generadoras de CFE mismas que son más contaminantes y sus costos de generación ampliamente más caros que aquellas empresas que generan energía limpia.

 

Como era de esperarse, al contar Morena y sus partidos aliados con la mayoría de los diputados Federales y Senadores, esta iniciativa fue aprobada casi de inmediato. Sin embargo, dicha Ley fue suspendida por un Juez 24 horas después de haber entrado el vigor, al considerar que los amparos interpuestos por dos empresas eran de aplicación general para toda la industria.

Como principio para determinar dicha suspensión se consideró también que se pueden afectar los derechos fundamentales a la libre competencia y en lo que se refiera a los Acuerdos y Tratados internacionales, se mencionaron afectaciones a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, al Acuerdo de París y al Protocolo de Kyoto, los cuales determinan que México deberá tomar medidas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector eléctrico y otorgar máxima transparencia a estos esfuerzos. Por tanto, al considerarla anticonstitucional, fue suspendida de forma definitiva.

Pero con toda la intención de seguir promoviendo una reforma energética que fortalezca a la CFE, el titular de ejecutivo federal envió el 30 de septiembre una iniciativa de decreto, por la que se modifican los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y nueve transitorios. Bajo este estas modificaciones, se otorgaría a CFE un poder absoluto y total sobre la industria energética del país.

Actualmente nuestro sistema energético está regulado por diferentes organismos: la Secretaría de Energía, que está a cargo de diseñar y operar la política energética de nuestro país y de analizar el desempeño de todo el sistema energético, es decir se dedica a diseñar políticas energéticas. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) administra y regula el resto del sector energético, es quien aprueba contratos y permisos y regula la participación de empresas públicas y privadas en los diferentes procesos de generación de energía, así como regular las tarifas del sector eléctrico. Y finalmente el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) quien opera el sistema eléctrico nacional y el mercado eléctrico mayorista. Aquí se decide quién va a despachar la electricidad, qué nuevos generadores se pueden conectar a la red eléctrica y son quienes proponen mejoras y cambios a la red de transmisión y distribución.

Por lo tanto, CFE no es un órgano regulador, sino una empresa productiva del Estado y un participante más en el mercado eléctrico, al contar con generación y suministro de servicios básicos. En este contexto, el ejecutivo pretende que CFE sea no solo un participante en el mercado, sino también el organismo responsable de la planeación y control de la electricidad, lo que convertiría a CFE no solo en un participante del mercado, sino que sería el árbitro y jugador al conservar su actividad como generador y suministrador de energía.

Regresando a la iniciativa propuesta por el presidente López Obrador, se condiciona a que la CFE genere el 54 por ciento del requerimiento nacional, pretendiendo ceder menos de la mitad a los generadores privados, quienes actualmente entregan parte de su generación a CFE, otra parte directo a las empresas consumidoras y por último participan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), donde compiten ofertando el costo más bajo. Ahora todos estos generadores tendrán que competir por ese 46 por ciento. Adicionalmente, la incorporación de nuevos generadores de energía se ve difícil, al contar con un mercado donde su participación se limita a menos de la mitad del requerimiento nacional.

Es claro que la reforma energética requiere de marcar reglas más objetivas para que los participantes tengan piso parejo en el sistema eléctrico, pero no sólo otorgarle poderes absolutos a CFE. Una adecuación en los costos de porteo donde se paguen montos más justos, reconfiguración de las plantas generadoras bajo esquemas de asociación púbico-privadas, subastas de energía y, sobre todo, invertir en modernizar y ampliar las redes de transmisión y distribución, permitiendo también las inversiones privadas, deberían ser los puntos donde se podría hablar, ahora sí, de una verdadera transición energética.

 Twitter: @pacotrevinoa

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