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Lunes, 27 Septiembre 2021 10:13

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LA RECUSACION COMO GARANTIA (MAS QUE INCIDENTE) DE LA INDEPENDENCIA, AUTONOMIA E IMPARCIALIDAD DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

 

Dedicado a la memoria mis maestros de Teoría del Proceso y Derecho Procesal Civil, Licenciado Juan Puente Flores (1931-2011) y Clínica Procesal Penal Licenciado Raúl Gurrola Hernández (1921-1996). A mis alumnos de las materias de Derecho Procesal Civil en las Universidades La Salle Laguna y Autónoma del Noreste (2017 y 2019). Con estima y respeto para Ana Alejandra, Diana Stefani, Cuco, Ariana, Zorayda y Claudia Liz, jóvenes promesas de una nueva generación de abogados comprometidos con la lucha por la Justicia

 

 

CARLOS H. HUERTA OCHOA

Dentro de nuestro sistema jurídico existen principios relacionados con la independencia, autonomía e imparcialidad retomados por el artículo 17 de la Constitución Federal para determinar el desempeño que obligatoriamente deben acatar profesionales del derecho magistrados, jueces entre otros que ejercen la función jurisdiccional. 

 

Sin embargo es a través de la legislación secundaria tanto en el fuero federal como en el fuero común, sean los códigos Procesales en materias civiles y en algunos caso las Leyes Orgánicas de dichos Poderes Judiciales Locales establecen un catálogo de hipótesis que describen circunstancias personalísimas que compelen a servidores de la administración de Justicia desde Magistrados , Jueces, Secretarios y en el caso del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza tiene alcance a los actuarios, para dentro de un proceso jurisdiccional se coloquen en supuestos denominados Impedimentos, que constituyen un obstáculo para conocer y resolver del juicio de origen y generan motivos para excusarse de continuar bajo su jurisdicción personal e institucional del trámite del asunto en la materia que corresponda. 

El licenciado Juan Puente Flores, nos decía en clase que podrían sintetizarse las causales de impedimento que sustentan las excusas en un común denominador: tener marcado interés en el asunto para favorecer a una de las partes que actúan en un proceso sujeto a su conocimiento jurisdiccional. 

En el caso de la legislación Procesal Civil Coahuilense dicha regulación comprende ocho causales o supuestos jurídicos por las cuales el titular de un órgano jurisdiccional debe declararse impedido para continuar (si ya lo inició) conociendo de un juicio. 

No obstante lo anterior, el caso se torna delicado cuando el titular jurisdiccional, sabedor de la vigencia palpable de impedimento en un juicio, omite pronunciarse invocando los motivos de excusa e iniciar el trámite para la calificación del mismo ante una instancia superior, aquí es donde se configura el derecho adjetivo de la parte afecta para hacer valer el tramite incidental de la recusación, con motivo de esa actitud negativa del funcionario judicial. 

Toda recusación se interpondrá ante el magistrado o juez que conozca del negocio, expresándose con toda claridad y precisión la causa en que se funde. 

El juzgador remitirá de inmediato, dentro del plazo de tres días, testimonio de las actuaciones respectivas al superior, acompañado de un informe, en el cual, bajo protesta de decir verdad, expondrá las argumentaciones que considere apoyan la inexistencia de la causal en que se funde la recusación. La falta de informe hará presumir como cierto el impedimento alegado por el promovente. 

No se dará curso a la recusación, si el recusante al interponerla, no exhibe el correspondiente billete de depósito por el máximo de la multa si se declarase improcedente o no probada la recusación, cuyo importe, en su caso, se aplicará al Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. (Artículo 78 del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza) 

La recusación se tramitará en forma de incidente, sin audiencia de la parte contraria, a no ser que ésta lo solicite. Serán admisibles todos los medios de prueba establecidos en este código, cuyo ofrecimiento deberá hacerse en los escritos en que el recusante la interponga, en el informe que deba rendir el juzgador o, en su caso, en el escrito en que la contraria solicite intervención y se recibirán en el lapso de los cinco días siguientes. (Texto literal del numera 79 del referido Código Procesal) 

Hasta aquí podemos llegar a la convicción de que concluye la intervención procesal del juzgador recusado y que natural y lógicamente en el litigio de origen, pues se turnan las constancias respectivas al Tribunal Distrital del Estado (equivalencia en otras entidades al nombre de Salas Unitarias o Magistrados Regionales) de la jurisdicción territorial a que pertenezca el Juez de Primera Instancia. 

Si el Tribunal Distrital califica de procedente el incidente de Recusación remitirá los autos del proceso judicial al juez de primera instancia que corresponda, para la continuación del procedimiento, por lo general es el siguiente al número ordinal siguiente respecto del juez impedido o recusado.

Hipotéticamente hablando sería terrible y descarado que en la vida practica un juez que es recusado por vía incidental continúe poniendo trabas o improvisando argumentos (pretextos) para diferir o retrasar el tramite incidental de Recusación o bien posteriormente negarle el carácter de legitimación procesal asi como seguir favoreciendo a la contra parte con la que se haya vinculado el motivo de impedimento o recusación dándole vista , cuando jurídicamente no le corresponde a esa instancia sino al Tribunal de Alzada. Sobre todo porque algunas recusaciones pueden configurar hechos con apariencia de delitos como Prevaricación u obstrucción a la Justicia).

Cuando a lo largo de los años de experiencia de ejercicio profesional, me han comentado colegas sean litigantes, académicos, funcionarios y hasta justiciables que es más eficiente el procedimiento de recusación o las quejas administrativas por actos u omisiones que trastocan el despacho imparcial y objetivo de un juicio. Yo les contesto que las quejas solo sirven para dos cosas o una misma conclusión: sancionar a un funcionario, pero no enderezan ni regularizan las tropelías cometidas durante las secuelas procesales por el funcionario infractor. 

Pero si puedo reafirmar que si existe una garantía jurisdiccional que vela por la independencia e imparcialidad judicial es el trámite de la recusación y calificación de impedimentos pues así lo ha determinado en la Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito bajo el rubro IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.” con número de registro digital 181726 publicado en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena época.

 

• CARLOS H. HUERTA OCHOA es licenciado y Maestro en Derecho y académico

 

 

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