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Viernes, 16 Octubre 2020 09:36

Uso patrimonial de lo público

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Miguel Francisco Crespo Alvarado

Decidir el destino de un bien público como si se tratara de algo propio es una de las causas más propagadas de la corrupción, aunque no siempre es apreciada como tal. Es tan frecuente su presencia que se ha llegado a suponer que tomar tales decisiones es parte de los privilegios de quienes acceden al poder. Por tal motivo se acepta que, por ejemplo, un alcalde decida si un monumento debe ser removido de su lugar o si un parque necesita recibir mantenimiento que incluye que se pinte el mobiliario con los colores de su partido.

 

Existen, por supuesto, formas más escandalosas de usar los bienes públicos de manera patrimonial. Tal es el caso de quienes desvían recursos del erario para llevarlos a sus cuentas bancarias o las de algún familiar o amigo. Pero, también las formas menos obvias son indebidas.

Todo aquel que asume un cargo que supone la administración de los recursos públicos, incluso cuando lo hace por la vía de la elección popular, debe asegurarse de que sus decisiones se tomen de manera independiente a sus gustos, preferencias o intereses. Las adquisiciones por la vía de la licitación pública y abierta que incorporan mecanismos de rendición inmediata de cuentas son un ejemplo de que eso es posible. La razón es que permiten establecer criterios para la decisión que provienen de fuentes externas a la voluntad del servidor público que las toma. 

En ese sentido, las adquisiciones por adjudicación directa son indeseables -aunque, bajo ciertas circunstancias, justificables- precisamente porque permiten una mayor participación de la voluntad de quien toma la decisión. Tal discrecionalidad hace más factible que, en el proceso de la designación, se cuelen los gustos o intereses del responsable de la decisión. 

Por eso preocupa que las adjudicaciones directas todavía sean el mecanismo más socorrido para la adquisición de bienes y servicios en la actual administración federal; porque independientemente de la honestidad con la que se tome cada decisión se fomenta el problema de fondo, que es el uso de los recursos como si le pertenecieran al servidor público. Y si vamos a combatir la corrupción desde sus causas, esa es una que debe ser atendida con urgencia por ser tan común. 

En buena medida, mi desacuerdo con la actual administración federal es ese: al igual que los gobiernos que le precedieron, las decisiones sobre los bienes públicos se están tomando como si quienes tienen el poder fueran los dueños. No está habiendo, como debería, una gestión de los recursos que claramente se base en criterios impersonales. Todo lo contrario, desde el atril de las “mañaneras” un hombre decide, según su propio juicio, qué se vende, qué se cancela, qué se reparte, cómo se distribuye, etcétera. Incluso si se acepta que lo hace de la forma más honesta posible, tal manera de ejercer el mayor cargo al que puede aspirar un mexicano sirve para perpetuar la idea de que estar en la función pública en este país es acceder a la posibilidad de hacer un uso patrimonial de los bienes públicos; es decir, hacer lo que se viene en gana con lo que no es de su propiedad. 

Doctor en Ciencias Aplicadas. Director del GIISI S.C. Miembro fundador de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémicos. Integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila.

 

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