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Jueves, 06 Febrero 2020 09:43

A CONTRAPIÉ

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Unos se adhieren, otros aprovechan

Juan Antonio Martínez Barrios

Aunque sigue sin haber reglas claras en la forma en que operará el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en una muestra de buena voluntad, los gobernadores priistas determinaron adherirse a dicho instituto y por lo tanto respaldar las políticas gubernamentales de la 4T en materia de salud.

El mandatario por Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, aclaró que su gobierno sí está en la mejor disposición de firmar el convenio de adhesión al Insabi, luego de que en “la mañanera” de este martes un subsecretario de la Secretaría de Salud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador enlistaba a Coahuila entre las entidades fuera de dicha adhesión.

Hay que señalar que tal adhesión no es un hecho, pues bajo gobierno priista, morenista o panista, cada estado negociará en lo particular las condiciones de aceptación del nuevo modelo del sistema de salud.

El mismo Riquelme Solís enumeró tres condiciones fundamentales para no firmar el documento de adhesión: que no se federalicen mil 600 empleados del sistema de salud coahuilense, entre médicos, enfermeras, radiólogos y administrativos; que la federación no absorba dos hospitales, y que no se aclaren las aportaciones del gobierno federal. Los mismos funcionarios federales han señalado que en el caso de Coahuila no habrá mayor problema para alcanzar coincidencias y aceptar las condiciones, a diferencia de otras entidades.

Desde la semana pasada los gobernadores por el tricolor le expresaron su respaldo a AMLO en sus políticas en el delicado tema de la salud y en principio estuvieron de acuerdo en adherirse al Insabi, en el entendido de que las modificaciones en la materia tienen que ver con el mejoramiento de la infraestructura y con la gratuidad de medicamentos y servicios.

Y es que con la salud no se juega. Sin embargo, los gobernadores por el PAN correspondientes a Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Baja California, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, han mostrado una postura más cerrada, con menor disposición y poniendo elevadas condiciones, exigiendo que les acepten alternativas al modelo de salud lopezobradorista, aprovechando ciertamente la ausencia de reglas claras y de la forma en que operará el nuevo sistema.

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